Poder Judicial apoya programa de protección a víctimas

Yelba Orozco Lindo

El poder Judicial avala y respalda la elaboración y ejecución del programa de protección a víctimas, testigos y peritos que intervienen en la investigación y en el proceso penal de los delitos tipificados como crimen organizado, según lo establecido en la Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado, Ley 735.

La posición del Poder Judicial fue dada a conocer por el magistrado vicepresidente, doctor Marvin Aguilar García, durante la presentación del programa por parte del sub director de la unidad especializada anti corrupción y contra el crimen organizado del Ministerio Público, doctor Rodrigo Zambrana y por el consultor contratado por la Fiscalía, doctor Eduardo Cuadra Ferrey.

Doctor Eduardo Cuadra Ferrey, consultor para la ejecución del programa de protección a víctimas y testigos de crimen organizado

"Como Poder Judicial estamos muy interesados en participar y ser parte en la elaboración y ejecución de este programa", aseguró el magistrado Vicepresi-dente.

"Consideramos que para obtener un mayor éxito se necesita crear una comisión ejecutiva que tenga nivel de decisión y donde estén involucrados un policía, el fiscal, el procurador y un juez de Ejecución, porque no le corresponde sólo al Ministerio Público, sino a todas las instituciones del Sistema Penal la elaboración y la implementación del programa", dijo el doctor Aguilar García.

El doctor Eduardo Cuadra Ferrey explicó que este programa de protección no cubre a "informantes de la policía, ni es para los infiltrados dentro de la delincuencia organizada, ni para el ejército, porque quien vela por ellos es la misma institución a la que le trabajan. El programa es para la víctima, testigo o sujetos procesales", precisó.

El consultor destacó que debe diferenciarse la atención del acto de  protección de víctimas y testigos, "ya que la atención es directamente tratamiento psicosocial, médico y jurídico para todas las víctimas. Sin embargo, la protección se tiene que dividir en protección que da el sistema de seguridad que brinda el país y la protección especializada que ofrece este programa".

Según la ley 735, este tipo de protección se ofrece cuando el sujeto se encuentra en situación de riesgo o peligro por su intervención directa o indirecta en la investigación de los delitos, y debe ser sometido a un proceso de estudio por el comité evaluador que determine los riesgos de amenaza.

En ese orden, el doctor Cuadra Ferrey solicitó al doctor Aguilar García datos estadísticos correspondientes al año 2011 de las sentencias emitidas por la  Sala Penal de la  CSJ en relación a los 26 delitos graves que establece la ley 735; cuántos delitos de crimen organizado han sido procesados, cuántas condenas ha dictado la Sala Penal de la Corte y los tribunales de apelaciones, cuántas víctimas han sido afectadas, la cantidad de testigos que han comparecido y cuántos testigos han sufrido amenaza y si han requerido algún tipo de protección.

De izquierda a derecha, el consultor doctor Eduardo Cuadra, el doctor Ricardo Zambrana, del Ministerio Público.JPG; el magistrado Marvin Aguilar y el secretario de la Sala Penal de la CSJ, doctor José A. Fletes.

El magistrado Aguilar García, instó a tener este tipo de programa en Nicaragua e incluso, señaló que en los delitos de violencia domestica intrafamiliar "se debería plantear la implementación de este tipo de programas por la seguridad de las víctimas; así como un sistema de seguridad para los operadores en materia penal, ya que este es específicamente para el crimen organizado"

Como una labor de concientización y para darle mayor agilidad al proceso de implementación del programa, los 27 jueces de ejecución del país recibirán en el mes de agosto un seminario para que se les explique en qué consiste, para cuando les corresponda actuar estén conscientes de la importancia y la efectividad del mismo

La consultoría para el diagnóstico y formulación del programa es financiada por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), por un periodo de 120 días y su implementación se llevará a cabo con los recursos provenientes de los fondos de la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados.

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