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Redes sociales, un arma cargada
El ciudadano de a pie pareciera que quiere hacer justicia por su propia mano. La irrupción de las redes sociales en el mundo contemporáneo le ha puesto en su mano un instrumento que, muchos, lo utilizan como un arma. Ni en la era industrial el hombre de la calle tenía un poder semejante al que ahora posee en la era de la información. Antes,el ciudadano se limitaba a recibir información de los distintos medios de comunicación. Más bien, ese lector, oyente o televidente era influenciado por el llamado “Cuarto Poder”. La prensa en general mantiene todavía ese poder de incidir en la opinión de la colectividad, aunque algunos disienten de ese criterio. Tras la aparición de la internet, el mundo empezó a cambiar y aquel lector, televidiente y oyente pasó de ser un ente pasivo o actuar activamente. El ya no necesita de la gran prensa para expresar su inconformidad, su desprecio y su oposición a los gobernantes. Ya no necesita de ese intermediario entre el poder y la población. Las redes sociales es una especie de arma cargada, lista a disparar indiscriminadamente. El poder enfrenta un nuevo enemigo, más feroz y pedestre.
La prensa escrita, televisiva y radial necesita de dinero, tiempo, profesionales de la información y editores para presentar sus noticias. El hombre de hoy solo le basta tener un celular y contar con internet para difundir, a su manera, su rabia y sus críticas contra el poder establecido. Esta persona, sin embargo, no le importa que lo que subió a su muro o su página web está mal redactado, carece de evidencias y un editor que le corrija y le advierta sobre lo que debe y no debe de difundir. La libertad de expresión tiene sus límites en ciertas circunstancias. No puede dañar la honra de una persona en un santiamé. Al ser humano le cuesta construir esa honra y no se puede dañar por el simple hecho de que esa persona ocupe un alto cargo en el Gobierno. Esa es la diferencia en la prensa profesional. Un periodista escribe, pero respetando ciertos cánones del periodismo, cosa que no ocurre en las redes sociales, donde el hombre común hace justicia con su propia mano porque el presume que los organismos encargado para ello no cumplen su papel. Por esos vemos que aparecen en las redes sociales algunas páginas web que destilan todo su odio contra esos personajes encumbrados. No tienen filtros ni editores que les advierta sobre el error que están cometiendo.
La prensa profesional no cae, en esos yerros, pues sabe de las consecuencias que puede acarrearle invadir la intimidad de una persona e insultarlo, sin preocuparse que esa gente tiene hijos, padres, esposo o esposa. En fin, todo los años que invirtieron para construir ese honor, en un segundo esa honra es hecha añicos y tirada por la borda. Una prensa profesional respeta los derechos a la intimidad y la honra debe de ser cabalmente preservado. Cosa que no ocurre en las redes sociales. Esa zona del honor y la intimidad debe de ser respetada. El derecho a informar, consignado en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no le otorga patente de corso a cualquier persona para atacar a una persona, tal como lo hacían, en la Edad Media, los propietarios de navíos que obtenían permiso del monarca de las naciones y los alcaldes, para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas.
Así como el ciudadano tiene derecho a recibir información y nosotros los periodistas de publicar informaciones, las personas tienen derecho a cuidar su intimidad y su honra, que tanto cuesta construirla. Si aquella persona es señalada de corrupta, los que escriben en las redes sociales se deben de limitar a criticarlo, pero sin inmiscuirse en su intimidad. No vulnerarla. Si bien es cierto, la libertad de informar es un derecho fundamental de derechos humanos, pero esto no le da el privilegio de abusar y subir informaciones maliciosas contra la dignidad de una persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos puntualiza: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Sin embargo, esa última frase ...”y el difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” no es tan cierta en América Latina. Repito, la libertad de expresión tiene límites y lo vemos a diario en nuestro quehacer periodístico. Siempre existen muro que paralizan esa libertad sin fronteras. Las empresas y el Gobierno tienen sus maneras para atemorizar a la prensa en Latinoamérica.
La Convencion Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José, expresa: “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresadamente fijadas por la ley y ser necesaria para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás...” No somos dioses ni jueces para repetir como algunos jueces que alegan que ellos responden ante Dios y su consciencia. No hay nada tan falso como esa frase. En primer lugar, ningún “Dios” los designó en el cargo de juez ni mucho menos a nosotros en una redacción. Debemos recordar que los jueces son nombrados por la sociedad y nosotros los periodistas contratados por los dueños de las empresas periodísticas. Así de simple. Ahora bien, los dueños de página web tienen derecho a informar, pero no a deformar y descuartizar la honra de un funcionario. A este lo debemos criticar por su actuación y no morderlo con ofensas a su dignidad. Nosotros no somos jueces para juzgar a persona señalada de cometer actos de corrupción
En suma, la Constitución preserva el derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Por eso, ese espacio exclusivo de la persona debe de ser respetado, a menos que esa libertad de informar prevalezca sobre el derecho a la intimidad de las figuras públicas en la medida que la información sea de interés general, y, por tanto, sea pertinente su publicación, sostienen algunas legislaciones de América Latina. Pero en este caso que analizamos no es de interés general esa información peyorativa y ofensiva que publican algunas páginas en las redes sociales contra funcionarias de uno de los poderes del Estado. Sin embargo, eso no debe justificar la pretensión de un poder de vulnerar la libertad de expresión, según UNESCO, piedra angular de la democracia. ella. Pero ello no significa que convirtamos las redes sociales en un arma cargada, lista para disparar por doquier a quien quiera.
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