Nicaragua mantiene dos litigios internacionales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya: uno con Colombia y otro con Costa Rica, aliado de ese país sudamericano. Con el país colombiano, nuestro país tuvo una victoria, aunque no consiguió que le devolvieran la Isla de San Andrés y los islotes en el Mar Caribe. Con Costa Rica, logró, al menos, frenar la construcción de la carretera paralela al río San Juan, que estaba siendo destruido.

Introducción de un histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia

Empezaremos con el contencioso más complicado. La Corte de La Haya en 2012 falló sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua, el 19 de noviembre de 2012. Esta sentencia estableció la delimitación de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua en el mar Caribe sudoccidental. La sentencia fue dada a conocer en la ciudad de La Haya —Países Bajos—. Fue dictada por 15 jueces del principal organismo judicial de la Organización de las Naciones Unidas, el cual posee jurisdicción universal: la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que comenzó a impartir justicia en el año 1946. El fallo fue leído, en una exposición de unas 2 h, por el presidente de la Corte, el juez eslovaco Peter Tomka en el auditorio de la Academia de Derecho Internacional.

Antecedentes

El contencioso en La Haya se inició con la demanda interpuesta por el gobierno nicaragüense en diciembre de 2001. Por la misma, Nicaragua reclamaba un área marítima superior a los 50 000 km², dentro de la cual se encontraban el archipiélago de San Andrés y varios atolones y cayos. El fallo reconoce a Nicaragua soberanía y derechos marítimos en dichas aguas partiendo desde las 200 millas náuticas desde sus costas. A la vez reconoció la soberanía de Colombia sobre las aguas que rodean las islas y cayos en disputa conforme a las 12 millas náuticas. El laudo debería ser cumplido por las partes, las cuales, al aceptar la jurisdicción de la Corte, deberían acatarlo. No obstante, existe la posibilidad de los recursos de revisión o aclaración, los cuales Colombia ha expresado que hará uso en su pleno derecho. Si Colombia acatara el fallo, Nicaragua pasaría a tener fronteras oceánicas en el mar Caribe con Jamaica y Panamá.

Fallo Histórico de La Haya devolvió a Nicaragua vasta extensión marítima

Nicaragua celebró como una fiesta  nacional la fecha del 12 de noviembre del 2013 cuando la Asamblea Nacional respaldó al Presidente Daniel Ortega en su decisión de acatar el histórico fallo de la Corta Internacional de Justicia de La Haya, que le devolvió a nuestro país 90 mil kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, usurpados por Colombia. “Hoy es un día de patria”, dijo en la Plaza de la Revolución. Ortega estaba acompañado de los ex presidentes liberales, Arnoldo Alemán, y Enrique Bolaños, del yerno de Violeta Chamorro, Antonio Lacayo y el ex canciller Eduardo Ortega, enviando así una señal de unidad nacional.   Ha transcurrido  un poco más de un año (12 de noviembre del 2012) y Colombia se empecina en no acatar la sentencia inapelable de ese máximo tribunal. Esta sentencia ha sido incluida en las reformas constitucionales.

Pero esta batalla legal tiene una larga historia. Tuvo que transcurrir 85 años para que las naves de la fuerza naval nicaragüense recorrieran parte de 90 mil kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, despojados por un Tratado Bárcenas Esquerra, firmado por una Nicaragua, débil y atrapada por una cruenta guerra entre liberales y conservadores.  En esa época, del 24 de marzo de 1928, fecha de la firma del oneroso tratado, EEUU, que había dicho “I Took Panamá” (Yo tomé  Panamá),  ofreció sus buenos oficios para contentar a Colombia, que reclamaba Panamá, y ayudarlo a solucionar a su favor la controversia con Nicaragua sobre la soberanía de la isla San Andrés, Roncador, Serrano y Quitasueños y otros islotes. En efecto, la gran potencia presionó al Gobierno de Nicaragua para que aceptar el tratado de Bárcenas-Esquerra, que favoreció, al final, a Colombia. El entonces presidente nicaragüense Carlos Solórzano cayó en desgracia al ser desalojado  del poder tras negarse aceptar suscribir ese tratado infame.

Cincuenta y dos años después (un 4 de febrero de 1980) de la firma de ese tratado (1928) y de esas elecciones supervigiladas por EEUU,  Nicaragua experimentaba una revolución, que había derrocado la dictadura de Anastasio Somoza.  El entonces Presidente Daniel Ortega invalidó ese Tratado Bárcenas –Esquerra, arguyendo que se firmó cuando el país estaba  ocupado militarmente por EEUU.

 

Sin embargo, la pretensión por recuperar ese territorio marítimo usurpado por Colombia, perdió fuerza cuando el Gobierno revolucionario de Ortega cayó en las elecciones presidenciales de 1990, que dieron el triunfo a Violeta Chamorro, apoyada por una variopinta coalición de 14 partidos de oposición. En honor a la verdad histórica, le tocó a Daniel Ortega (tras regresar al poder en 2007), volver a la lucha diplomática para recuperar  esos territorios que dicen  son ricos en petróleo, gas, y pesca, con abundancia de peces, caracoles, y, en especial, langostas.

A un año de la lectura de ese veredicto, Colombia se ha empecinado en desconocer y acatar ese fallo que es de ineludible cumplimiento. No obstante, el presidente Juan Manuel Santos  afirmó que “el fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”.  Santos, condicionado por las elecciones presidenciales que se preparaban en su país, y políticos de su partido, empezaron una feroz campaña contra Nicaragua. “Vamos a frenar el ánimo expansionista de Nicaragua”, aseveró Santos. Inmediatamente Ortega respondió al belicoso presidente colombiano, diciéndole:  “El expansionismo se impone por la fuerza, el chantaje, por la fuerza de las armas, por la ocupación militar, en cambio aquí estamos hablando que acudimos ambos al juez. Aceptamos ir al juez y por lo tanto estamos obligados a reconocer la sentencia que dictó el juez (de La Haya)”.

El representante de Nicaragua ante La Haya, Carlos Arguello (condecorado con la máxima orden de la Asamblea Nacional y de la Cancillería por su papel en defensa de los derechos de nuestro país) dijo que con ese fallo nuestro país se sintió “satisfecho”, pues es un “gran triunfo” y una “victoria” para la nación que ha conseguido “espacios marítimos importantísimos”.  Pero Ortega hizo hincapié que Nicaragua aspiraba a recuperar el archipiélago de San Andrés y su entorno marítimo, pero decidió acatar la decisión de la Haya que dejó esos islotes a Colombia. A pesar que Colombia se rehúsa acatar la sentencia de La Haya, Ortega ha expresado a su colega Juan Manuel Santos su disposición de dialogar para lograr un tratado de delimitación de fronteras, pero  que éste debe hacer cumplir lo ya juzgado por la CIJ. Colombia renunció al Pacto de Bogotá (1948), que reconoce la jurisdicción de la CIJ. Nicaragua ha dejado entrever su derecho a expandir su plataforma continental, pero llevando este caso al juez de La Haya y llama a Santos a decirles Adiós a las armas y acatar la ley internacional. Por otra parte, Nicaragua lamenta que Costa Rica, que debería de estar a su lado como vecino y hermano, se ha unido a Colombia en sus pretensiones hegemonistas. Ortega ha dicho claramente que el Derecho Internacional es la única herramienta para evitar las guerras por territorios. El tiempo de la confrontación ya pasó. Podemos concluir que Daniel Ortega, guste o no guste, ha entrado con pie derecho en la Historia, al defender la soberanía de Nicaragua y sujetarse a los fallos de la Corte que “son de indiscutible cumplimiento”.

Conflicto entre Nicaragua y Costa Rica

El otro conflicto es con Costa Rica. Nicaragua acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que el 12 de diciembre rechazó una solicitud de este país para dictar medidas cautelares contra Costa Rica por la construcción de una carretera cerca de la frontera común. El embajador nicaragüense en La Haya, Carlos Argüello.”Nosotros siempre aceptamos las resoluciones de la Corte y no necesitamos tomar una decisión nueva para hacerlo.” Nicaragua exigía una resolución provisional contra los trabajos de la vía de 160 kilómetros construida por Costa Rica hace casi dos años sobre la margen derecha del río San Juan, que pertenece a Nicaragua.  Sin embargo, la CIJ decidió en forma unánime que Nicaragua no demostró que exista un “riesgo real e inminente” al ecosistema en la zona, y que, por lo tanto, no justificaban “el ejercicio de su poder de indicar medidas cautelares”.

El diferendo limítrofe entre ambas naciones se inició el octubre de 2010, después de que Costa Rica denunciara ante la CIJ una presunta invasión del Ejército de Nicaragua al enclave de Isla Calero o Harbour Head, que pertenece a nuestro país. Posteriormente, Nicaragua acusó ante la CIJ a su par de Costa Rica, por la construcción de una la vía paralela al San Juan, alegando que había ocasionado graves daños ecológicos en ambos lados de la frontera. En noviembre pasado, la CIJ aceptó una petición de San José de aplicar medidas cautelares adicionales contra Nicaragua, tras denunciar a este país por la apertura de dos canales en el enclave de 2,5 kilómetros cuadrados.

La CIJ también ordenó a Nicaragua subsanar los daños ambientales provocados por la apertura de esos canales, y retirar a todo personal civil y militar del lugar. Nicaragua ha acusado a Costa Rica del daño ambiental al nicaragüense Río San Juan. El lugar es un área de aproximadamente tres kilómetros cuadrados que constituye el sector norte de Isla Calero, en una zona de humedales. Nicaragua refuta las acusaciones, asegura que no ocurrió la invasión denunciada, y plantea que Costa Rica ha violado la soberanía de ese país. La CIJ emitió, en 2011, medidas cautelares que incluyen la obligación de ambos países de evitar acciones que agudicen el diferendo.