"No hay propiedad más segura que la que está sin cercas ni tapias, al alcance de todo el mundo".
Miguel de Unamuno.
El PNUD en Nicaragua presentó la monografía nacional: "Seguridad ciudadana en Nicaragua: Riesgos, Retos y Oportunidades" (disponible: www.pnud.org.ni) como continuidad del proceso de reflexión y diálogo iniciado con el Informe de Desarrollo Humano sobre la Seguridad Ciudadana en Centroamérica 2009 - 2010, considerando las particularidades nacionales y locales no abordadas en el estudio regional. Muestra un panorama parcial sobre algunos delitos e incluye valoraciones cualitativas y cuantitativas según la información disponible durante 1998 - 2009.
En mi calidad de consultor coordinamos el análisis documental y discusión amplia cuyo producto puede ser base para una agenda nacional por el bienestar común, donde la seguridad ciudadana, junto a la educación y la salud pública, es uno de los pilares ineludibles para el desarrollo equitativo y sostenible de la nación.
Nicaragua tiene ventajas comparativas en la seguridad ciudadana en general entendida como el riesgo y la percepción de riesgo a ser víctimas de un delito cualquiera. Entre 1998 y 2009 presenta una de las mejores condiciones de la región a pesar del incremento de sus tasas delictivas y la percepción social, las que han sido menos aceleradas que en el resto de Centroamérica. Identificar un panorama realista, con sus éxitos y desventajas, con sus riesgos y desafíos, en el contexto particular y global de diversas inseguridades, ayuda a enfrentar los problemas actuales y futuros, permite emprender acciones institucionales y sociales desde los efectos y sus causas, así como para la gestión política, técnica, operativa y económica.
La inseguridad provocada por la delincuencia es percibida por los nacionales en un segundo plano de importancia, después de los problemas socioeconómicos, lo que es una diferencia relevante con respecto a los países del Norte de Centroamérica, quienes, aunque tienen un nivel de desarrollo humano similar, registran tasas de homicidio cinco veces mayores ubicando el problema de delincuencia en el primer lugar de las preocupaciones de sus habitantes. Contradictoriamente, las cifras de Nicaragua son apenas un poco más altas a las conocidas históricamente en Costa Rica cuyo desarrollo humano y estabilidad han sido mayores.
La identificación del por qué estas diferencias favorables y las tendencias de incremento delictivo en el contexto nacional, requieren considerarse en el abordaje efectivo de una problemática que se manifiesta común en la región y en América Latina.
Hay cuatro tendencias a valorar en la inseguridad en Nicaragua: i) hay más delitos, ii) se ha reducido la capacidad de respuesta institucional, iii) hay mayor percepción de inseguridad y iv) se ha afectado la confianza en las instituciones de la seguridad pública y la justicia penal. La confianza entre las personas y de las personas con sus instituciones constituye un valor fundamental para la convivencia, la gobernabilidad y el sistema democrático.
Considerando la ventaja comparativa en este ámbito y las oportunidades que se abren ante el mejoramiento de las condiciones de vida, la reducción del analfabetismo, la infraestructura social y otros programas sociales impulsados por el Gobierno que han contribuido en la reducción de la pobreza, así como el incremento de la organización comunitaria, también se presentan nuevos y viejos riesgos y amenazas por las vulnerabilidades socioeconómicas y de desarrollo, la alta informalidad económica genera tolerancia a la ilegalidad laboral y social y es alimentada por la corrupción pública y privada, la posición geográfica, la amplia extensión territorial, la limitada presencia institucional en algunos municipios del país, los conflictos político-partidarios y de convivencia comunitaria e intrafamiliar, las amenazas de la delincuencia organizada transnacional y otros aspectos.
A partir del diálogo y el consenso político-social, se requiere promover acciones estratégicas integrales que eviten el deterioro de la seguridad en sus cuatro componentes inseparables: hechos delictivos, respuesta institucional sobre los hechos, percepción social y confianza y credibilidad hacia las instituciones. Es necesario incidir sobre su ámbito objetivo y subjetivo para el fortalecimiento de las entidades encargadas, el mejoramiento de la confianza social hacia las instituciones, una respuesta eficaz y oportuna del Estado, la promoción de la participación y el control social y la identificación de la magnitud del fenómeno delictivo desde una observación periódica interinstitucional.
El país necesita avanzar en la superación de las vulnerabilidades culturales, socioeconómicas e institucionales que generan inseguridad y violencia. Pueden ser metas estratégicas en seguridad y Política Criminal del Estado: i) contener incremento de las tasas delictivas y recuperar los niveles existentes a principio de la década del dos mil, principalmente volver al umbral de 10 por 100 mil habitantes en la tasa de homicidios, ii) mejorar percepción de confianza hacia las instituciones de la seguridad pública y la justicia penal, iii) disminuir victimización en general, particularmente en mujeres, niños y niñas iv) reducir cifra oscura y promover la denuncia, v) reducir consumo de drogas y tenencia ilegal de armas, vi) mejorar respuesta y efectividad policial, fiscal y judicial ante los delitos en general y particularmente los más graves como el homicidio, el robo con intimidación y el crimen organizado.
Derivadas del presente estudio, para preservar la ventaja comparativa de Nicaragua, evitar su deterioro y satisfacer las demandas crecientes de los nicaragüenses, partiendo de continuar implementando las buenas prácticas y actualizar las acciones y estrategias ante las cambiantes y crecientes demandas sociales, existen retos, riesgos y oportunidades que requieren superar la visión del corto plazo y nos permiten enunciar seis propuestas principales: a) la necesidad de una Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana consensuada, de largo plazo, sostenible, incluyente, proactiva, multisectorial e integral, b) una Política Criminal que articule y racionalice los esfuerzos coercitivos del Estado en el marco del respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, c) el fortalecimiento institucional para el acceso efectivo a la seguridad y la justicia priorizando a los sectores más vulnerables, lo que conlleva el desempeño profesional de sus funcionarios, la carrera de servicio, la descentralización y el despliegue territorial, la gestión transparente y simplificada de los procesos, d) organización y participación social en la prevención, e) capacidad local y municipal diferenciada para el abordaje de los problemas de la seguridad desde la agenda de desarrollo local, y f) observatorios interinstitucionales de la violencia criminal en los aspectos fundamentales objetivos y subjetivos de inseguridad, incluidas estrategias comunes y bases de datos compartidos a nivel centroamericano.
La seguridad no es un estado alcanzado e inalterable, es un derecho humano a preservar y actualizar con equidad desde las instituciones y la sociedad. Nicaragua tendrá la seguridad ciudadana posible que los nicaragüenses podamos construir y preservar más allá de nuestras diferencias.
