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ARTUCULO

Nicaragua: paraíso para la minería

Desde los años 90, los Gobiernos centroamericanos han fomentado un modelo de desarrollo económico, basado en la explotación de materias primas que se ha consolidado como la principal fuente de inversiones para la región. Este modelo ha implicado la aplicación de políticas de atracción de inversión extranjera directa, que incluye la eliminación de tarifas de aduanas, la flexibilización monetaria, la desregulación de legislación vinculante y la privatización de bienes estatales.

 

“La frontera minera en Nicaragua ha crecido 10% en la última década; la producción de oro y plata experimentaron incrementos de entre 135% y 755%; y el índice de atracción de inversiones 2015 del Instituto Fraser ubica a Nicaragua como el mejor país en Centroamérica para invertir en minería”, revela el informe “La Minería Industrial en Nicaragua, una mirada desde la óptica fiscal”, realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) en coordinación con el Centro Humboltd.

 

Generación de empleos es pobre

La transformación hacia la economía extractivita ha sido liderada por la industria minera que cuenta con un total de 1 mil 118 concesiones a nivel regional, las cuales cubren un área territorial del 30% en Honduras, 10,05% en Nicaragua, casi el 30% en Guatemala, y un 5,20 % en El Salvador, según datos recabados por el Centro Humboltd. “La minería como actividad continuó generando una proporción insignificante de los empleos formales del país, con una participación por debajo del uno por ciento de los afiliados activos en el Seguro Social”, señala la investigación. A pesar de ocupar una masa territorial significante y estimular el crecimiento de las exportaciones, la contribución de la industria a la economía nacional de los países centroamericanos ha sido mucho menor a lo esperado: no más del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en la región, su aporte fiscal oscila del 0,03% 0,73% según el país, y su contribución a la taza de empleo no supera el 0,05% en el mejor de los casos.

 

Gobiernos mudos

El ambientalista hondureño Pedro Landa asegura que la agresividad con la que la industria minera irrumpe en la región ha evidenciado “la deficiente capacidad estatal para la regulación fiscal, ambiental y social, además de la incapacidad de penalizar las malas prácticas empresariales que se traducen en el deterioro ambiental, daños a la salud de las personas (…) conflictos ambientales entre la población civil, gobiernos y empresas”. La promoción oficial a la minería está consignada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (2012-2016) de la administración del presidente Daniel Ortega, como “una de las principales políticas y líneas de acción de su estrategia productiva, concebida para generar empleos y reducir la pobreza”, se lee en el informe.