El Gobierno alertó ayer que “en algunas áreas” del volcán Masaya “hay deformación en el terreno, en la superficie, y hay hundimiento y abultamiento, sobre todo en la zona noreste del volcán”. Este volcán ha experimentado fluidos de magma en el lago de lava y actividad sísmica en la caldera volcánica y sus alrededores, y variaciones en la emisión de gases y en la temperatura en los últimos seis meses”, afirmó la portavoz Rosario Murillo, citando a los científicos estadounidenses. Ante esa situación, el director del Programa de Asistencia de Emergencia Volcánica del USGS, John Pallister, llegará a Managua la próxima semana para seguir profundizando estudios sobre el volcán Masaya, luego que el Servicio Geológico de Los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) envió un informe preliminar a las autoridades nicaragüenses en donde advierte sobre la deformación de la corteza en el Volcán Masaya, aunque señala que ese comportamiento es bastante normal en un volcán activo. Ante esa dramática circunstancias, reveló que “se actualizan los mapas de amenazas y riesgos del volcán Masaya para establecer todos los puntos de seguridad que nos permitan salvaguardar vidas en el momento que se llegara a presentar una actividad eruptiva mayor en el coloso”.
El Doctor Paul Oquist, secretario privado para políticas nacionales, asumió la defensa de Centro América de exigir una indemnización junto a los países pobres vulnerable frente al cambio climático. Por eso los países subdesarrollados están sufriendo pérdidas y daños.
El Centro Carter “lamentó” que el presidente Daniel Ortega, no permitiera la observación electoral internacional para los comicios del 6 de noviembre. El Centro Carter afirma que “en un ataque a la comunidad internacional, el presidente Ortega rechazó la oportunidad de confirmar la adhesión de Nicaragua a las normas democráticas para los procesos electorales que proporcionan garantías a los ciudadanos y fomentan la participación”.
Costa Rica solicitó formalmente una indemnización de 6 millones de dólares a Nicaragua por los daños causados en territorio de Isla Portillos, en un caso por el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó sentencia en diciembre pasado. La Cancillería costarricense explicó que la indemnización contempla “la valoración monetaria del daño ambiental ocasionado por Nicaragua, así como una serie de gastos adicionales en los que el Estado costarricense debió incurrir en relación con las acciones de Nicaragua, incluyendo su presencia militar en Isla Portillos”.
* PLI respalda petición del CSE
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), aseguró ayer que los “próximos procesos electorales se desarrollen bajo una administración electoral imparcial y transparente a través de autoridades creíbles y bajo la supervisión nacional e internacional de dichos procesos”. Y agregó que “no podemos ignorar que venimos de procesos electorales cuestionados de legitimidad que afortunadamente no desembocaron en crisis políticas severas e irreversibles, pero que afectaron la imagen electoral de nuestro país”.
El sector privado instó ayer a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolver “en forma definitiva los recursos de amparo pendientes que interpusieron los representantes legales de facciones del PLI”, y proceder a nombrar y juramentar a la mayor brevedad los cargos en suspenso, conforme a la Ley Electoral.