La pena de muerte en los tiempos de cólera

Por Denis García Salinas/ Desde Mi ventana

Mientras la pena capital pierde terreno en un mundo, los actos más violentos y crueles se multiplican exponencialmente. Hoy por hoy vivimos tiempos de cólera. Quizás hay mayor crueldad ahora que en el pasado. Hubo épocas de pobreza infame, pero no había tanto crímenes absurdos como los que ocurren hoy en día. Antes de la crucifixión de Cristo hubo castigos como la hoguera, y los llamados "Juicios de Dios"-las pruebas de fuego y del agua hirviendo", para sacar la confesión del reo en aquellos tiempos de "legislación antigua y salvaje," como le llamaba Cesare Beccaria en su libro De los delitos y de las penas.

En Paris, Francia, se inventó la Guillotina para decapitar a ladrones, criminales y revolucionarios. Robespierre que gobernó Francia entre 1793 y 1794 bajo lo que se llamó el régimen de Terror, fue arrestado y guillotinado el 28 de julio de 1794 junto a veintiuno de sus seguidores. En aquella época la multitud se congregaba frente a una tarina donde se instalaba la guillotina para ver el espectáculo. Cuando cayٕó la cabeza de Robespierre la multitud gritaba: "Abajo el tirano y viva la república". Los reyes de Francia Luis XVI y María Antonieta, no se salvaron de la guillotina. La última vez que se utilizó la guillotina fue en 1972 en Paris para ejecutar a uno de los últimos reos sentenciados a morir en ese patíbulo.

Estamos en el umbral del Siglo XXI y los suplicios de la antigüedad no han desaparecido. Esas prácticas, que violaban los derechos humanos, parecen resucitar con más fuerza. La hoguera que se utilizaba en el pasado contra supuestas brujas y herejes son nada a las barbaries perpetradas en México y otros países. Cerca de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes, encontraron más de una docena de cuerpos decapitados e incinerados. En las redes sociales, una banda de narcotraficantes mostraron las imágenes de hombres con machetes y rifles destrozando a un grupo de mujeres que pertenecían al Cartel contrario. Los hombres desmembraron los cuerpos y luego les dispararon a boca de jarro. La hoguera se queda chica con esos crímenes. En República Dominicana, una familia fue ejecutada por delincuentes que penetraron a su residencia a robar. Tras ese suceso, ocurrido en un sector de clase media, se desató una oleada de opiniones, exigiendo al Gobierno la legalización de la pena de muerte.

En nuestro país, uno de los más seguros de la región, ha empezado a experimentar una descomposición social. Sin embargo, inmediatamente surgen opiniones políticas, judiciales y religiosas que defienden los derechos humanos de los criminales al rechazar la pena de muerte. Esa tesis considera que cuando el Estado ejecuta a un asesino (confeso o que se le haya demostrado su delito) se comporta como el mismísimo criminal. Y sostienen que aprobar la pena de muerte en el país es involucionar hacia los estadios de barbarie, supuestamente superado.

También arguyen que la pena capital no intimida al asesino. Edmund Brown, ex gobernador del Estado de California aseguró, tras la ejecución de un asesino en 1964, "la pena de muerte se ha constituido en un grave fracaso, porque a pesar de su error y de incivilidad, no ha protegido al inocente ni ha detenido la mano de los criminales." Un ex presidente de Chile aseguraba que "No puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata, el Estado deba a su vez matar. La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva". Aquí y acullá se escudan en las respectivas constituciones para rechazar la pena capital, diciendo que "el derecho a la vida es inviolable". No habrá pena de muerte. Nadie será sometido a desapariciones forzadas, ni torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y en base a ese texto constitucional, los defensores del respeto de la vida de los asesinos arguyen que "no somos nadie para acabar con la vida de otros…" Pero los índices de criminalidad siguen en alza, a pesar que sostenga que una legislación que permita la pena capital entra en un círculo vicioso de ese delito…

Sin embargo, en muchas naciones se permite la pena de muerte para delitos políticos, tales como la rebelión, la sedición; la traición. Entonces, vemos que aquí hay una gran contradicción en esas naciones con esas legislaciones que permiten la pena capital para defender la nación y la soberanía. En la Unión Europea la lucha contra la pena de muerte es una prioridad. En EE.UU la pena capital es una sentencia legal en 32 estados de ese país. Otros seis esta dos la han abolido y más de una docena tiene una "moratorio" a las ejecuciones de los asesinos que está en el pabellón de la muerte. Estados Unidos es el país donde se cometen los más execrables crímenes, pero los defensores de la vida de esos malhechores son los principales abogados de esos asesinos que deberían de sufrir la pena de cadena perpetua.

Cuando estudié Derecho Penal me asombró el libro escrito por Beccaria que se oponía a la pena de muerte. "Me parece absurdo que las leyes, que son la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicida, lo cometan ellas mismas y, para alejar a los ciudadanos del asesinato, orden uno público," aseveró Beccaria. Beccaria aseguraba que el fin de las penas era el "terror de los hombres". Es decir, impedir que el reo cometa nuevos daños a sus conciudadanos y el de apartar a los demás de que hagan acciones iguales. Beccaria es un hombre adelantado a su tiempo, pero no estoy de acuerdo cuando afirma que la pena de muerte es necesario solo que la persona "aún privado de libertad tenga todavía tales relaciones y tal poder, que interese a la seguridad de la nación; cuando su existencia pueda producir una revolución peligrosa. La muerte de algún ciudadano viene a ser, pues, necesaria, cuando la nación recupera o pierde su libertad…" Para Beccaria y muchos gobiernos actuales la vida de un criminal vale más que la de un revolucionario que lucha por cambiar un sistema oprobioso.

En algunas naciones consideran que la pena capital ayudaría a combatir los crímenes que se cometen a diario en la sociedad. Así, pues, acabaría el hacinamiento en las cárceles y el Estado se ahorría más dinero de su presupuesto que lo podría utilizar en mejorar las condiciones de las penitenciarías, los colegios y de los hospitales. Pero en Nicaragua nuestra Constitución asegura en su artículo 23 que "El Derecho a la vida es inviolable e inherente a la vida humana. En Nicaragua no hay pena de muerte". Y el artículo 36 dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes". Mientras tanto, nuestra sociedad asiste impávida a observar, sin lograr cambiar esta cuestión, los crímenes de hombres y mujeres que se cometen a diario en el país. Si bien es cierto Nicaragua es el país más seguro de la región, el Estado debería de adoptar leyes más fuerte no solo contra los narcotraficantes y asesinos de mujeres, sino contra aquellos que matan a una persona y solo reciben una sentencia de siete a diez años de prisión. No se puede permitir que los criminales se sientan protegido por penas menores a su delito.